Retrato de la dura ofensiva de EE. UU. contra la independencia judicial de Brasil

En una carta dirigida a los bancos más grandes de Brasil, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE. UU. exigió información sobre las medidas que estaban tomando para cumplir con las sanciones impuestas recientemente a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que lideró el juicio contra Jair Bolsonaro, en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos. Con esta medida, la administración del presidente Donald Trump transmitió un mensaje inequívoco: EE. UU. manda, y los demás deben acatar la ley.

La decisión de incluir a De Moraes en la lista estadounidense de ‘Ciudadanos especialmente designados’ de la Ley Magnitsky no tiene precedentes, dado que no es un oligarca acusado de corrupción ni un violador de derechos humanos. El juez brasileño ha sido objeto de persecución por supervisar causas penales relacionadas con el asalto a la plaza de los Tres Poderes, el 8 de enero de 2023, en Brasilia.

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Las medidas de Trump constituyen un atentado contra la independencia del Poder Judicial brasileño. Sancionar a De Moraes no solo restringe sus finanzas personales y presiona indirectamente a las instituciones que representa, también obliga a los bancos brasileños a elegir entre acatar las decisiones de los tribunales nacionales –y enfrentar así severas sanciones por parte de EE.UU.– o preservar el acceso a los mercados globales. Cualquiera de las dos opciones pone en riesgo su legitimidad tanto a nivel doméstico como internacional.

El magistrado de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes. Foto:Andre Borges / EFE

El papel del dólar

La carta de la Ofac también subraya la fragilidad de la soberanía económica. Si bien la Ley Magnitsky es formalmente una ley estadounidense, el papel del dólar como principal moneda de reserva mundial extiende su alcance mucho más allá de las fronteras de EE. UU.

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Los bancos brasileños, al igual que todas las entidades financieras a nivel mundial, dependen de los bancos estadounidenses para procesar transacciones en dólares, y muchos tienen filiales en Nueva York y otros importantes centros financieros. Ya sea que desee exportar soya a Asia o emitir bonos en Wall Street, la infraestructura financiera de la que se depende es estadounidense. Y esta dependencia significa que ignorar la Ofac no es un acto de desafío, sino un paso hacia el exilio financiero, si no hacia la ruina total.

Esta es la paradoja de la soberanía. Legalmente, los tribunales brasileños pueden dictaminar que las sanciones estadounidenses no se apliquen a nivel nacional, ya que, tanto en virtud del derecho constitucional como del internacional, las medidas extranjeras deben ser adoptadas formalmente para que surtan efecto. Pero en términos económicos, el cumplimiento es inevitable, dado que los sistemas comercial y financiero dependen de una infraestructura basada en el dólar que escapa a su control. En la práctica, la soberanía monetaria termina al margen del sistema del dólar.

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Cualquier banco del mundo necesita procesar transacciones en su moneda local a dólares. Foto:Sergio Acero Yate

La ironía es impactante. EE. UU. utilizó en su momento la Ley Magnitsky para hacer frente a los abusos autoritarios en el extranjero. Hoy, utiliza la misma ley para intimidar a un juez que intenta defender el orden democrático brasileño. Al utilizar herramientas de política exterior para influir en los procesos legales nacionales, la administración Trump ha reducido la soberanía de Brasil a una prueba de obediencia.

Las autoridades brasileñas se encuentran en una situación difícil. Canalizar las transacciones financieras personales de De Moraes a través de cooperativas nacionales es, en el mejor de los casos, una solución temporal que no resuelve el problema subyacente. Y las alternativas a largo plazo, como los sistemas de pago globales basados en la tecnología blockchain, siguen siendo poco viables.

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Con Brasil aún atrapado en la atracción gravitacional del dólar, la crisis actual subraya la urgencia de invertir en alternativas al sistema basado en el dólar. Hasta que no se reemplace el dominio de la moneda estadounidense, el poder extraterritorial (económico y político) del dólar seguirá siendo inigualable.

Mientras ese sea el escenario, la carta de la Ofac es más que un mensaje a los bancos brasileños: es un recordatorio a todos los países del extraordinario poder que EE. UU. ejerce mediante el control a la infraestructura financiera mundial. Para contrarrestarlo, deben colaborar para desarrollar alternativas creíbles, como las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, redes interoperables de pago instantáneo y acuerdos multilaterales más amplios. De lo contrario, su soberanía monetaria y autonomía política quedarán a merced de las autoridades estadounidenses.

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CAMILA VILLARD DURÁN (*)

© Project Syndicate

Angers

(*) Profesora de Derecho en la ESSCA School of Management.

Este artículo es una versión editada del original.

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